Por negligencia mujer demanda al Servicio de Salud Aconcagua por $340 millones

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Para todo ser humano normal, el concebir un hijo es la bendición más grande que nos trae la vida, especialmente cuando se es madre y sobre todo si se es madre con problemas de concepción. Para Loreto Morales Gonzales, esta dadiva de Dios se transformó en su peor pesadilla el 16 de Diciembre de 2010 cuando sorpresivamente en un examen de ecografía se le dijo que su bebé, su primera hija, la primera sobrina de su familia, la primera nieta y primera bisnieta de un núcleo familiar ansioso por recibirla, estaba muerta.

Quizás, explicarlo en pocas palabras en una crónica noticiosa, no alcanza siquiera a pincelar los profundos y graves sentimientos de pena que conllevaron a esta madre a caer en una profunda depresión. Su embarazo había sido difícil y sufrido debido a su condición de diabética, sin embargo su esfuerzo en cumplir todos los chequeos médicos y todas las indicaciones en este embarazo de alto riesgo durante su atención tanto en el Cesfam Segismundo Iturra como en el Hospital San Camilo, la llevaron a mantener a su bebe en su vientre hasta las 38 semanas y un día. El trabajo médico, según la querella, fue estropeado en su última instancia cuando por problemas tan triviales como falta de tiempo del médico tratante o postergaciones del parto inducido a que son sometidas estas pacientes con cuadro diabético, por motivos de turnos y disponibilidad de pabellón, llevaron a que el mejor regalo de navidad para toda una familia, se transformara en el luto más profundo, especialmente para una mujer, que dada su condición de diabética, es muy probable que jamás vuelva a concebir.

En esta instancia Loreto Morales y su núcleo familiar contactaron al Estudio Jurídico Herrera & Rosenberg de San Felipe, quienes asignaron al Abogado Enrique Cossio Vásquez para llevar adelante el caso que se transformó en una demanda por daños morales para la madre, abuelos y tíos de la niña nonata que suman 340 millones de pesos. Según el abogado Enrique Cossio, existen claras evidencias de negligencia en este caso: “Por la literatura médica, se establecen ciertas fechas tope dependiendo la gravedad del embarazo, hay una fecha tope que es a las 32 semanas , según nosotros tenemos entendido, y existe otra fecha tope que son las 38 semanas siempre y cuando sujeto al control médico y al hecho de efectuar exámenes que permitan poder postergar este parto, cosa que nosotros estimamos que no se cumplió por cuanto en su último control médico no se le efectuó una ecografía que es un examen esencial para poder tomar esta decisión de postergación”.

Según el abogado, la frustración de haber perdido a su hija en los últimos días del embarazo, de perder a la primera nieta y sobrina y saber que en su condición es muy difícil quedar embarazada, ha provocado un daño y sufrimiento de suma gravedad a este núcleo familiar cuya responsabilidad es estrictamente del mal proceder médico.

Roberto Mercado Aced

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