Opinión: “¿Intervencionismo electoral?”

Un ministro de justicia inaugurando un Terminal de buses. Aceleración en la entrega de beneficios públicos. Inauguración y reinauguración de obras “apuradas”. Candidatos “invitados para callados”. Y un candidato a alcalde en entrega de subsidios.

Esas son solo algunas de las cosas que se han podido ver en la provincia de San Felipe a menos de tres semanas de las próximas elecciones.

No es ilógico pensar que el gobierno y su aparataje puedan jugar dentro de los límites de la “cancha” para favorecer a uno de sus filas. Eso pasa desde que los partidos políticos se reparten el poder en nuestro país. Pero algo muy distinto ocurre cuando se comienza a jugar sobre la raya o incluso traspasándola.

Una fotografía en la que aparece la Gobernadora Patricia Boffa entregando un beneficio social en compañía de los candidatos Jaime Amar y Juan Manuel Millanao, me mueve a lanzar tres preguntas:

¿Fueron invitados todos los candidatos y solo asistieron estos dos? ¿Bajo qué condiciones los beneficiarios “deben” tomarse una fotografía junto a un candidato a veinte días de una elección?

Y usando la lógica de la Contraloría para estos casos ¿qué tiene que hacer Jaime Amar en la entrega de este beneficio?

Las modificaciones a la ley 19.882 ayudaron en gran medida a corregir  situaciones que antes quedaban en el aire o en tierra de nadie en materia de “intervención electoral”.

Es necesario poner la frase sobre la mesa porque la cosa está dejando de ser simpática, cuando cualquiera de estos actos, por mínimo que sean, genera un gasto público del bolsillo de usted o del mío, o el “nuestro” si así lo quiere.

Resulta difícil definir qué es el intervencionismo electoral. Más aún, para algunos es discutible si la intervención incluye sólo al aparato estatal o si la participación de los privados también debe considerarse, pues la lucha publicitaria (si solo tomamos el ejemplo de San Felipe) deja en evidencia una maquinaria pesada a favor de las dos candidaturas más “pudientes” (entiéndase por pudientes a los dos empresarios competidores) versus el arbolito “huacho” del candidato Marín, por citar solo un ejemplo.

Históricamente se ha entendido el intervencionismo como la participación activa, interesada y parcial del Estado en las elecciones políticas. Su forma más común es el “clientelismo”, es decir, la práctica de entregar beneficios a un elector a cambio de su apoyo político.

El Estado como administrador de los bienes públicos actúa como una gran empresa, decidiendo por si solo en qué y cómo los gastará, entonces ahí aparece no solo el cómo y el qué, sino también el “cuando”, es en esa definición donde esos recursos también son útiles para influir en el resultado de la competencia política, pues permiten remunerar a los leales y premiar a quienes contribuyeron a allegar apoyo político. Como estos dos usos de los recursos son competitivos, dan origen a un dilema.

Mantener la autoridad sobre su coalición, aprobar los proyectos necesarios,  y formar una base de apoyo para elecciones futuras. Es en ese punto donde uno comienza a confundirse, pues tomando como ejemplo el caso de la foto en cuestión, no es descabellado preguntarse si tanto apoyo al candidato de su partido implica el legítimo deber moral de acompañarle o es una desesperada jugada por mantener el hilo conductivo de un gobierno comunal que pretende acercarse al cuarto de siglo.

La Ley de Bases de la Administración del Estado incluye normas de probidad funcionaria que separan al menos parcialmente la actividad laboral de los funcionarios públicos, de su participación en la competencia política. Así, por ejemplo, se establece que “el personal de la administración del Estado está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la administración, y de usar su autoridad o cargo en fines ajenos a sus funciones” (artículo 19, Ley 18.575); cuestión que es reforzada por la Ley 19.884, en la medida en que “los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo y bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones” (Artículo 27, Ley 19.884).

Asimismo, los funcionarios públicos en servicio activo que no tengan la condición de candidatos quedarían sujetos a prohibiciones como las siguientes:

  • Realizar actividades de los candidatos, partidos o coaliciones políticas, en los lugares de trabajo, durante su jornada laboral o en desarrollo de las funciones de su cargo;
  • Participar de tiempo completo o parcial en las campañas políticas, o acceder a representación política al interior de las candidaturas, partidos o coaliciones políticas;
  • Formar parte de juntas, directorios u órganos de representación de las candidaturas, partidos o coaliciones políticas, o llevar su representación o personería, sin perjuicio de poder intervenir en sus reuniones; y
  • Organizar o realizar colectas o cualquier campaña de recaudación de fondos a favor de sus candidatos, partidos o coaliciones.

Asimismo, “durante estos períodos, las inauguraciones de obras públicas, viviendas, entrega de beneficios a la comunidad, tales como subsidios habitacionales, títulos de dominio, becas estudiantiles; o efectuar inauguraciones de cualquier tipo de establecimientos o infraestructura, o entregas de materiales didácticos o similares, o cualquier otro acto en que el beneficio se hubiere financiado total o parcialmente con recursos públicos, deberán realizarse a través de actos privados, sin publicidad, y con la sola asistencia de los interesados, quienes serán debidamente notificados”.

En buen chileno uno dice: “más claro echarle agua”. Entonces no está demás pedir igualdad de condiciones para los candidatos, y a la señora gobernadora pedirle que actúe en consecuencia con las leyes escritas y el espíritu de las mismas. Compostura que por lo demás debe tener la autoridad que en 20 días más debe velar por un proceso tranquilo y transparente.

Por

Pedro Muñoz H.

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Pedro Munoz

Fue colaborador de El Mercurio y su Semanario El Correo. Editor de medios digitales deportivos y noticiosos en la IV y V región. Panelista de UCV televisión y asesor de los municipios de Zapallar y La Serena en imagen corporativa y de turismo. Actualmente trabaja en el programa de evaluación Docente, es Reportero Gráfico y asesor en planes de Mejoramiento Educativo en colegios de la zona.

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