El error municipal que la Contraloría puso bajo la lupa

La Contraloría recibió tres presentaciones por el caso Estacionamientos Subterráneos de San Felipe.

El primero fue el que presentaron los concejales Sottolichio, Covarrubias y Cornejo para pedir la aclaración en la validez del Certificado de Acuerdo N°1041 que sustentaba los contratos de concesión de todos los estacionamientos de San Felipe.

Según los concejales, dicho certificado se encuentra en duplicado y el que se usó para firmar los contratos es un acuerdo que ellos no suscribieron.

Luego, algunos miembros del PRO hicieron otra presentación en marzo de este año. En este caso fueron más al fondo del tema y cuestionaron la nula participación ciudadana.

En agosto pasado un particular planteó dos preguntas a la Contraloría. Esta vez no hubo prensa ni publicidad. Solo motivado por el bien común, el escrito planteaba 2 aspectos hasta ahora no mencionados. En primer lugar el anónimo ciudadano expresa fundamentos basados en otras resoluciones judiciales y del Consejo de Monumentos Nacionales que dejaron claro ante disputas similares en otras ciudades que no se puede perforar tierras para trabajo subterráneo a menos de dos tercios de la altura del monumento en peligro.
Teniendo la Catedral sanfelipeña una alzada de 19,2 metros, los trabajos de construcción de los estacionamientos, no podrían acercarse a menos de 12,5 metros.

El otro aspecto hasta ahora desconocido es que en la sesión del concejo municipal en que se aprobó la concesión, los concejales aprobaron sabiendo que el proyecto debía pasar varias etapas, incluida una consulta ciudadana que forma parte de un estudio de impacto ambiental.

En los últimos días tanto el Director de obras como el actual alcalde y candidato a una cuarta reelección, Jaime Amar, han desestimado dicho estudio, señalando que no es necesario y que basta con una declaración de impacto ambiental, cosa que le evita al municipio tener que consultarle a las personas, toda vez que este proyecto cuenta con gran rechazo de la comunidad.

En una primera revisión, la Contraloría marcó este punto como “de mucha importancia a la hora de definir el conocimiento que, tanto los concejales, como la comunidad deben tener”. Con ello el ente contralor debería definir una postura de las normas legales que se pueden ver vulneradas, toda vez que la Ley 18.695 Titulo III que regula el funcionamiento y funciones del concejo municipal y sus miembros, vela como primer principio fundamental, que “cada miembro del concejo se encuentre debidamente informado para ejercer su función fiscalizadora”, de hecho sanciona el “ocultamiento” de conocimientos básicos para que el concejal pueda “votar, acusar, solicitar y manejar “un expediente apropiado para cada acuerdo” adoptado, desprendiendose en razón de lo anterior que, un acuerdo debe tomarse sobre información fidedigna y real, cosa en este evento no sucede pues se les garantizó que para realizar el proyecto debían ocurrir otras etapas que en definitiva, y por propia resolución municipal, no se realizaron.

A continuación el punto exacto en que Claudio Díaz asegura a los concejales que primero debe someterse el proyecto a un Estudio de Impacto ambiental, cosa que no se hizo. (Click para ampliar)

Así, el acta de concejo número 114 del 01 de marzo de 2011 que dio origen a esta polémica, podría ser la misma fuente de salida para los detractores del proyecto, ya que si la Contraloría desestima el acuerdo, éste dejaría sin efecto el contrato de los estacionamientos subterráneos, e invalidaría al municipio para celebrar dicho contrato, dando con ello un golpe a Jaime Amar y su equipo municipal, principales impulñsores de esta iniciativa.

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1 Comment on "El error municipal que la Contraloría puso bajo la lupa"

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Rolando Stevenson
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Nuestra presentación que realizamos con la Defensoría del PRO, es la que en definitiva podría dejar sin efecto este nefasto proyecto….

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