Escándalo por fraude regional golpea a RN y salpica al propio intendente Celis

A sólo un mes de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmara las condenas de cárcel contra ex funcionarios de la intendencia de esa región, por un millonario fraude al fisco, un nuevo escándalo estalló en el gobierno regional de la ciudad puerto.

Esta vez el Ministerio Público confirmó que formalizará -el 20 de noviembre- a tres ex personeros de la actual administración (todos militantes de Renovación Nacional), por malversación de caudales públicos, los que hasta el minuto alcanza los $120 millones.

Se trata de Sergio Núñez (ex jefe de Administración y Finanzas de la intendencia), Enrique Kittsteiner (jefe de gabinete del intendente y presidente distrital de RN) y Claudio Uribe (contratado vía Ministerio del Interior).

“Desde que asumí, dije que cualquier irregularidad la perseguiremos… afecte a quien afecte, sean personas de derecha o izquierda, sean más o menos amigos del intendente o de otras autoridades de gobierno”, dijo hoy el intendente Raúl Celis, quien comparte la filiación política con los tres imputados.

Celis explicó que la primera denuncia fue presentada en febrero de este año a la fiscalía, tras iniciar el 4 de ese mes un primer sumario contra Núñez por -presuntamente- favorecer en 2010 a entidades con las que estuvo relacionado antes de ingresar a la intendencia (como clubes deportivos) adjudicándoles fondos para proyectos que luego no fueron rendidos.

El fiscal José Uribe, quien también investigó la causa anterior ligada a la Intendencia, está a cargo del caso y tiene un equipo especial de la PDI investigando.

Usaba título falso

Tras el cierre de ese primer sumario, Celis asegura que detectaron una nueva irregularidad: el título de ingeniero civil industrial de la U. Santa María que había presentado Núñez era falso, pese a haber pasado las revisiones de Contraloría. “Adulteró el título de un tercero”, dice el intendente. El ex personero sólo cursó estudios técnicos en ese plantel, sin terminarlos.

Los hechos motivaron dos querellas de la intendencia, y Núñez fue formalizado por uso de instrumento privado falso y usurpación de funciones. “Fuimos nosotros los que hicimos las denuncias, nada surgió por terceros”, destaca Celis.

Pero en la investigación, la fiscalía de manera paralela detectó anomalías en facturas vinculadas a proyectos en cultura, deportes y seguridad ciudadana. Ese fue el hilo para ir desenredando la madeja que aún no se sabe dónde termina y que podría aumentar los montos e involucrados.

Núñez ganó el concurso para ocupar el cargo de jefe de Finanzas que, paradojalmente, quedó vacante luego de que el actual intendente Celis descubriera un millonario desfalco generado en la administración pasada, por más de mil millones de pesos que fueron derivados a cuentas personales, y por lo cual recientemente la Justicia condenó a cinco personas, en lo que se conoció como el caso de fraude al fisco en la Intendencia de Valparaíso.

Sobre este funcionario pesaba una querella desde mayo pasado, y había sido el propio Célis quien la interpuso.

El modus operandi

Los proyectos cuestionados corresponden al llamado 2% para cultura, deporte y seguridad ciudadana que entrega el gobierno regional a cientos de organizaciones postulantes.

El intendente asegura que tras detectar las primeras irregularidades (en enero) se decidió suspender los pagos hasta aclarar las sospechas. Explica que el modus operandi de los presuntos fraudes habría sido el mal uso de organizaciones comunitarias para adjudicarse proyectos, creándolas para esos fines sin llegar a ejecutar los planes comprometidos, o adjudicando los proyectos por cifras mayores a las reales.

Se trataría de la misma modalidad usada en los casos que han sido denunciados por terceros en La Calera y Nogales, y que la fiscalía también investiga sin haber formalizados todavía.

En la causa que involucra a los militantes RN, aparecen mencionadas también las organizaciones “Valparaíso Joven” y “Valparaíso Cultural y Deportivo”. Hoy el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se haría parte presentando una querella.

Mientras Núñez fue destituido de su cargo en abril (tras el cierre de los sumarios) a Uribe no se le renovó el contrato que tenía hasta diciembre del 2012. En tanto Kittsteiner, a honorarios, fue apartado de sus funciones en septiembre y ayer se le pidió la renuncia, tras confirmarse que será formalizado.

Kittsteiner se incorporó a la intendencia el 2011 tras pasar por la seremi de Transportes y la gobernación.

Celis evitó comparar el caso con el escándalo que involucró a la administración anterior, reiterando que ellos lo denunciaron a tiempo. De acuerdo a fuentes del caso, esto también podría permitir recuperar los dineros, lo que no se consiguió en el otro caso.

“No calificaría si me siento o no traicionado, simplemente a ellos se les han aplicado las sanciones que se les advirtió el día que ingresaron a sus cargos”, señaló el intendente.

Celis destacó además que los cuestionados proyectos son votados por los consejeros regionales, que son 28 en Valparaíso. “Yo no voto”, dijo, afirmando que las investigaciones en curso deben aclarar si existe alguna vinculación con las irregularidades de parte de ellos. “No son funcionarios públicos, las eventuales responsabilidades que pudiesen tener las determinará la fiscalía”, sentenció.

Sumario por denuncias contra militantes PS en La Calera y Petorca “está próximo a terminar”

Sobre las denuncias similares, realizadas por militantes PS en La Calera y Nogales, Celis afirmó que hay un sumario en curso, abierto este año, “muy avanzado y próximo a terminar”.

No obstante, descartó una relación directa entre ambos casos, indicando que lo que se repite es el modus operandi.

Asimismo, respondió a las críticas porque no habría hecho nada, pese a que las primeras denuncias son del 2012.

“Hubo una denuncia en agosto de 2012 de dirigentes PS contra militantes del mismo partido que se habrían favorecido también de proyectos”, explicó Celis, indicando que se derivó a Contraloría, la que “emitió un informe sin determinar la existencia de delitos” por lo que no se denunció a la fiscalía. “Si se me pidió iniciar un sumario, que ampliamos para determinar si además de faltas administrativas podrían existir delitos”.

Militantes del PS, como el ex gobernador de Petorca Julio Trigo, iniciaron la denuncia, de la que se ha hecho eco la senadora RN Lily Pérez.

Entre las facturas cuestionadas en esas comunas hay del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería.

El fraude anterior

Más de mil millones de pesos fueron los montos involucrados en el último escándalo que afectó a la Intendencia de Valparaíso.

A raíz de ello la fiscalía porteña logró condenas de 10 años de cárcel para el ex jefe de finanzas de la Intendencia, Lorenzo Leiva, por el delito de malversación de caudales públicos, y 8 años en contra del ex contador auditor de la misma repartición, Jaime Lorca, por el mismo delito.

Pese a que las defensas de ambos imputados apelaron a la decisión, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, confirmó el 1 de octubre pasado que ambos ex funcionarios debían cumplir las condenas en la cárcel.

En el fraude también estuvieron involucrados otros ex funcionarios como coautores del delito, los que en total recibieron penas de 19 años de prisión.

¿En Aconcagua?

SoyAconcagua.cl pudo conocer en exclusiva este martes que se ordenó una revisión de 12 proyectos ejecutados con fondos asignados al 2% de cultura y deportes, y que fueron cuestionados por particulares debido a la forma y valores con los que se ejecutaron en las provincias de San Felipe y Los Andes entre el año 2010 y el 2012, y por los que existen sospechas de que fueron asignados a organizaciones culturales cuya estructura involucraría conflicto de intereses familiares o políticos de miembros del propio Gobierno Regional y por los que se solicitó una investigación interna en el mes de Julio pasado, y donde se cuestionan la utilización de otros 90 millones de pesos.

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