Desalojo: Municipio sanfelipeño tardó meses en sacar a los gitanos del Estadio Fiscal

Aunque en el mes de diciembre el Alcalde Patricio Freire solicitó a la gobernación intervenir en el tema, ninguno de sus asesores le explicó la normativa vigente.

Así podemos resumir el problema: Una veintena de gitanos se instalaban a finales del invierno en el principal acceso a la ciudad de San Felipe, como lo hacen en cualquier parte del país. A poco andar comenzaron a cundir las críticas por permitirles su instalación en el cada vez más decadente Estadio Fiscal. Las quejas aumentaron cuando los «paisanos» comenzaron a tomarse la plaza de armas, incluyendo baños en la pileta y desparramo de desperdicios en los jardines aledaños a la misma.

En una reacción tardía respecto del malestar ciudadano, el municipio envió un oficio (Ver oficio Aquí) a la gobernación para pedir, en el mes de diciembre y solo algunos días antes de navidad, que se «oficiara» a Vialidad alguna solución al respecto.

Lo grave de esto radica en que acusando un desconocimiento en la materia ninguno de los asores llamados a «alertar» al alcalde respecto de la normativa municipal vigente, durante todos estos meses no aplicaron un Decreto (96-1989) que está pxóximo a cumplir 25 años y que se encuentra completamente vigente para «prohibir la instalación de carpas» en cualquier lugar de la comuna, y con el mismo instrumento legal es el municipio el que, a través de sus inspectores o bien Carabineros debe poner la denuncia en el Juzgado de policía local y solicitar su desalojo (Ver decreto aquí).

En algún momento efectivos de la PDI debieron exhibir sus armas disuasivas para evitar el alzamiento de los gitanos que sí las emprendieron contra la prensa en el lugar.

Pedradas y «buena voluntad»

A eso de las 10:30 de este miércoles, llegaron a las inmediaciones del lugar donde se instalaron los gitanos efectivos de la PDI, encabezados por el Subprefecto Pedro Quezada, personal de Chilquinta y de la Seremi de Salud. La prensa también ingresó al terreno y al tiempo que sacaban sus cámaras para fotografiar el procedimiento, inmediatamente comenzaron las pedradas e insultos.

El subprefecto de la PDI, fue quien comenzó a aclarar que, el trabajo de esta policía, tenía el objetivo de notificar a los gitanos acerca del delito de hurto de energía eléctrica que estaban cometiendo, por lo que fueron citados a la Fiscalía Local. Ese era también el objetivo de la presencia de personal de Chilquinta, en un hecho a lo menos curioso, toda vez que Chilquinta cortó el suministro ilegal a lo menos en cuatro oportunidades a este mismo grupo de gitanos, sin la presencia policial, y ahora se presentaba con no menos de ocho funcionarios, los que incluso portaban armas disuasivas.

Consultado por un supuesto desalojo anunciado para esa misma hora, el oficial de la PDI fue enfático en señalar que ellos no tenían nada que ver con un desalojo y su presencia tenía un carácter netamente policial.

“Esto es netamente policial, aquí hay un delito flagrante de hurto de energía eléctrica, hicimos un control de identidad, pero solamente este es un operativo policial. El desalojo es un tema que otros organismos tienen que ver”, señaló el subprefecto Pedro Quezada.

El abogado de la Gobernación Provincial Adolfo Pizarro explicó a la prensa “que no hay ninguna descoordinación. Están todos los servicios presentes, pero aquí hay previamente un procedimiento que está haciendo la PDI, de control de identidad a la gente que está acá, porque probablemente hay gente con órdenes pendientes, hay un tema de hurto de energía eléctrica, porque hay una conexión irregular acá, y estamos esperando la coordinación con el municipio para ver los medios motorizados para trasladar a estas personas y ver dónde se les va a llevar”, comentó el abogado Pizarro.

Consultado por la ausencia de Carabineros, dijo que “no se ha hecho presente todavía, para evitar una situación que pueda ser considerada de fuerza excesiva”.

Consultado en tanto el jefe de Operaciones de la municipalidad, Ricardo León, aseveró que el personal municipal fue convocado recién en la mañana de ayer por la Gobernación Provincial, para que se hicieran parte de una actividad que debía encabezar Vialidad, para el desalojo de los gitanos de la franja fiscal.

“No tuvimos ninguna convocatoria oficial, Carabineros tampoco, yo acabo de hablar con ellos y me lo confirmaron.  La idea era participar de un operativo, en principio de desalojo, pero que no es desalojo, ya que hay mucha descoordinación”, señaló Ricardo León.

Para el funcionario municipal este era un tema incómodo pues “aquí hay peleas, hay drogas, hay alcohol, anda gente desnuda en la calle, en la Plaza de Armas los grandes reclamos de la comunidad, dicen relación con los gitanos, que les cambian los pañales a las guaguas en el pasto, dejan los desechos ahí y las lavan en la pileta de la plaza. Es un tremendo espectáculo que no merece la ciudad de San Felipe”, sentenció León.

Finalmente, pasadas las 17.00 horas en la cuenta de twitter del municipio sanfelipeño se anunciaba que con la «ayuda» del municipio los gitanos eran sacados del lugar. Según fuentes extraoficiales, se les facilitó un camión para el traslado y bencina para que movilizaran sus vehículos, algunos de los que ni siquiera cumplen con las mínimas condiciones de seguridad para el transporte de personas o carga.

En el Twitter oficial de la Municipalidad de San Felipe se informó sobre la "ayuda" del municipio para sacar a los gitanos de la zona.

De aplicarse los decretos vigentes, ni los vecinos pasaban este mal rato, ni se desperdiciaba la enorme cantidad de recursos que implica mover personal policial, funcionarios de salud, y los propios funcionarios municipales que tanta falta hacen en otras labores.

Queda todavía un problema más: recoger la gran cantidad de desperdicios que dejaron a su paso. Y de pasada, no está demás que el personal municipal pueda revisar qué otro decreto u ordenanza está vigente para evitarse malos ratos gratuítamente.

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