Opinión: “La Mesa Coja”

GENDARMERÍA IMPUTADOSPor Patricia Boffa
Cuando hablamos de delincuencia y de justicia, definitivamente hay algo o más de algo que no está funcionando en nuestro país.

Recuerdo cuando se implementó la Reforma Procesal Penal y sentíamos curiosidad de conocer cómo operaba este sistema que permitía a cualquier ciudadano, estar presente en una audiencia judicial.

Pensamos entonces, que esa transparencia en los procesos, sumado a la aparición de figuras como el fiscal y el defensor, o la instancia del Tribunal Oral en lo Penal, que recién a la hora del juicio conocía el caso, permitiendo así más “objetividad” para resolver;  generaría un impacto positivo y finalmente, los delincuentes, esos que asaltan, que matan, que violan, que roban: se irían a prisión.

No podemos decir que todo ha sido malo. Porque en ningún caso así ha sido.

Sin embargo, no dejo de indignarme cuando las policías hacen un trabajo casi de “joyería” para aclarar circunstancias, entregar elementos de prueba y poner a disposición de la justicia a los responsables de delitos y el tribunal los deja en libertad.

Nos pueden decir que se decretaron medidas de prisión preventiva, que el delincuente no puede acercarse a la víctima, que debe acudir a firmar, que tiene irreprochable conducta anterior, que está colaborando con la investigación y un sinnúmero de argumentos. El problema es que ese delincuente sigue circulando y lo que es peor, existen altas posibilidades de que siga cometiendo delitos.patricia boffa casas

Y aquí es donde la mesa ya pierde una pata. Porque las decisiones de los tribunales se basan en lo que establece la ley y cuando pedimos explicaciones a quienes hacen las leyes, es decir a nuestros parlamentarios, nos señalan que hay proyectos “en trámite”, muchos de los cuales pueden dormir el sueño eterno.

No obstante, también es cierto que a veces, las decisiones tribunal, pasan por criterios que distan de lo objetivo y quien me diga lo contrario, le recuerdo que no en vano hoy son muchas las medidas cautelares menores que se revocan luego de consulta a la Corte.

Ya tenemos una mesa coja. Pero creo que otra pata se pierde también con situaciones tan indignantes como la vivida hace algunas semanas, cuando más de 700 condenados por la justicia en la región, entre ellos autores de homicidio, violación, robos violentos, fueron puestos en libertad en virtud de un beneficio que a mi juicio, fue mejor que cualquier perdonazo que se haya otorgado en los últimos años.

Es cierto que hay criterios legales que cumplían y que les permitía acceder al beneficio, pero no deja de ser llamativo que año a año, fuesen unos 70 condenados los que recuperaban la libertad condicional a partir de este perdonazo y este año la cifra se haya disparado.

Razones pueden haberlas, pero exaspera que a la fecha exista entre esos beneficiados, algunos que ya han sido detenidos por cometer delitos. Volvieron a la cárcel, es cierto, pero perfectamente eso pudo evitarse.

Son muchos los elementos que estoy omitiendo en este artículo: desde la inseguridad y la sensación de temor de la gente, hasta el hacinamiento en las cárceles que hoy están más aliviadas al ser despachados unos cuantos internos, con el consiguiente cuestionamiento acerca de por qué no tenemos penales acordes a nuestra realidad, lo que por cierto deriva en el hecho que nadie quiere cárceles cerca de sus casas.

En fin, no sé si la mesa perdió todas sus patas con este análisis. Lo que sí queda claro es que requerimos seguridad y ella no necesariamente depende de Carabineros o la PDI, que estamos claros que hacen su “pega”. Tal vez todo pasa por políticas macro, que nos permitan resolver los temas, con leyes decentes y claras, con parlamentarios que se preocupen de su trabajo y no de verse envueltos en polémicas económicas o faranduleras, con estrategias que pongan freno y prevengan el inicio de carreras delincuenciales, pero también con comunidades que exijan y sepan elegir a quienes toman las decisiones para que no nos quedemos sin mesa.

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