Comunidad de los Campos Cano Gallego Inició Acciones Legales por Reserva creada en sus tierras

  • comunidad-de-campo-cano-gallegoAsamblea definió perseguir judicialmente a dirigentes que pretendían sobre escribir derechos preexistentes en perjuicio de los comuneros.

El directorio de la Comunidad de Campo Cano Gallego, presidido por don Celerino Morales, salió al paso de la serie de acusaciones que durante los últimos meses ha mantenido a un grupo de agricultores y ganaderos del valle en pie de guerra por el uso de sus derechos comunitarios.

El directorio manifestó que un grupo de personas, sin tener motivos legales de reclamación sobre los predios que administran, “se constituyeron el 7 de Julio del 2016 con el apoyo del alcalde de San Esteban, René Mardones, reclamando derechos que no tienen, bajo el nombre de ´Asociación Reserva Cano Gallego´, quienes pretenden apropiarse de una parte de la comunidad y ejecutar contratos comerciales a nombre de la comunidad, confundiendo a los demás comuneros”.

Acusan haber sido “víctimas de amenazas e incluso haber sido agredidos por algunos de los disidentes”. Por lo mismo, salieron al paso de algunas de las acusaciones explicando que, “esta es una comunidad que existe desde tiempos inmemoriales y que, se formalizó en 1948. Tiene todos sus papeles legalmente en regla y continuarán velando por los intereses de todos sus comuneros”.

El directorio reiteró mantenerse “preocupados del ambiente que ha generado este grupo de personas, porque no sabemos cuáles son sus reales intenciones”. Acusan de “agresividad y mala intención con los demás miembros de la comunidad. Incluso ha habido amenazas al directorio y a los abogados que representan nuestras causas”.

“En una oportunidad debió intervenir Carabineros, que fue convocado porque precisamente sabíamos de antemano que esta gente iba a irrumpir de manera agresiva en una de nuestras asambleas”, explicaron, señalando además que desde ese episodio han debido denunciar el asunto en tribunales.

Acciones legales

Uno de los abogados para este caso, manifestó que “a mediados del presente año, un grupo de personas, apoyados por el alcalde de de San Esteban, René Mardones y la ex Gobernadora de Los Andes lideraron un movimiento tendiente a arrojarse derechos sobre un grupo de comuneros de la Comunidad de Campo Cano Gallego. Tras esa acción, pretendieron de hecho, y no de derecho apropiarse de representación legal sobre los derechos en la comunidad de campo”.

Para el profesional, “lo que ellos siempre han alegado es que esta comunidad no tenía Personalidad Jurídica y mantenía otros desórdenes, cosa que difundieron por distintos medios y sin sustento legal válido, toda vez que esta es una comunidad convencional con Personalidad Jurídica propia, lo que ha sido ratificado por la Corte Suprema a propósito de otra causa”.

El abogado explica que por mucho tiempo, la comunidad de campo estuvo pasiva respecto de esta situación, pero ahora lo que están haciendo es iniciar acciones legales por los dichos que estas personas han proferido en los medios de comunicación, como el señor Jorge Quiroz, que habla de que nuestra comunidad estaba cometiendo actos ilícitos, que se había falseado documentos en Impuestos internos, entre otras acusaciones.

“Se debe hacer presente, -agrega el profesional- que todos los individuos que están detrás de esto han tenido problemas legales con la comunidad. El señor Jorge Quiroz quiso inscribir 200 hectáreas que son de propiedad de la comunidad; la señora Leiva tuvo un juicio con nosotros y lo perdió; el señor Gastón Aguilar también tuvo un conflicto legal con la comunidad y también perdió. El Alcalde Mardones que es el que más ha apoyado a esta organización, pidió la media luna de la comunidad por un comodato de 90 años, pero nunca expresó su intención de compensar a la comunidad y antes de ser primera autoridad quiso ingresar a las reuniones y la comunidad se lo impidió, por tanto lo que acá existe no son razones de interés colectivo sino más bien, un interés personal”.

Finalmente el profesional señaló sentirse sorprendido de la estrategia jurídica mostrada por el grupo disidente ya que, “intentar  crear una nueva asociación para subrogar o apropiarse de los derechos de otra asociación preexistente es partir de la base de la ignorancia”.

Esta semana, tanto el Ministerio Público, como la PDI, tomaron declaración, en calidad de  víctimas a parte del directorio de la Comunidad Cano Gallego, y el estudio Jurídico que representa a la comunidad preexistente presentó algunas querellas criminales con la finalidad de que se establezcan los hechos de los que dicen ser víctimas. Además redactó algunas presentaciones tendiente a resguardar los intereses de la comunidad de campo, una de las más grandes de la zona.

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