Codelco Andina es acusado de incumplimientos ambientales y posible fraude fiscal

Investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, Cochilco y una unidad de la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI (Bidema) pretende determinar la eventual responsabilidad criminal en fraude fiscal y delitos ambientales vinculados a la falta de control o la omisión voluntaria para permitir la defraudación en millonario contrato entre las empresas CBS, RESITER y GEA en la disposición de resíduos en vertedero y relleno sanitario La Hormiga de San Felipe.

La denuncia, que partió en el año 2015, fue presentada por un particular afectado tras las lluvias de agosto de ese año. Después de ese evento pluviométrico, distintos organismos del estado comenzaron a ser cuestionados por “el mal manejo de una situación irregular que se daba al permitir que el antiguo vertedero siguiera operando en circunstancia que la normativa obligaba a su reconversión a partir del año 2008, cosa que no pasó”, señala uno de los primeros denunciantes.

Al poco tiempo se sumó un grupo de exportadores frutícolas que vieron cómo el posible traslado de arenas contaminadas desde el sector Las Salinas en Viña del Mar ponía en serio riesgo la producción agrícola que se genera aguas abajo del vertedero. Fue a raíz de dichas fiscalizaciones y la investigación privada encargada por los mismos agricultores que sentían que el Ministerio público dejaba pasar el daño ambiental concentrándose solo en un hilo investigativo derivado de una querella por Fraude al Fisco, interpuesta por un particular  en contra de los funcionarios públicos que pudiesen estar implicados en permitir la defraudación generada por el incumplimiento contractual de los servicios pagados con dineros fiscales.

La Brigada especializada en delitos ambientales de la PDI vuelve a poner sus ojos en las acciones operativas en el medio, esta vez en la forma en que se deshacen de sus residuos.
La Brigada especializada en delitos ambientales de la PDI vuelve a poner sus ojos en las acciones operativas en el medio, esta vez en la forma en que se deshacen de sus residuos.

En términos simples, la figura es contratar un servicio de “disposición final”, pero que no es tal, porque detrás de él se esconde una especie de reciclaje informal que permite el retorno de dichos desechos a la ciudad mediante diversas vías, lo que esconde un negocio millonario de venta de chatarra y otros que, no necesariamente son basura. Esto trae acarreada una defraudación fiscal por sobrepago, aprovechamiento de materias primas y elusión fiscal al no hacer el pago de impuestos respectivo, entre otros delitos.

El último contrato para disponer los residuos no peligrosos (pero igual de contaminados) de la división Andina se realizó con la empresa RESITER S.A. en el año 2016 y se vio incrementado considerablemente pues el recinto en el que se dispondría supuestamente se estaba transformando de vertedero en Relleno Sanitario. Los residuos sólidos son llevados en camiones cubiertos hasta el recinto de La Hormiga, y los registros fotográficos y audiovisuales aportados por los agricultores vecinos, dan cuenta de material no permitido depositado en espacios no habilitados y lo más peligroso, el retorno de los mismos materiales contaminados hacia la ciudad y predios vecinos, por los recicladores informales que tampoco son controlados por la empresa GEA que maneja el recinto.

La Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) instruyó una investigación especial, debido al requerimiento de la Contraloría de Valparaíso, referida a descartar la participación de funcionarios de Codelco en una red de defraudación que permitía ingresar en el origen de la misma división, materiales que no eran necesariamente “desechos” y que permitían su venta una vez que eran depositados en el vertedero, todo aquello en una triangulación entre trabajadores de RESITER, Andina y GEA.

En Agosto del 2016, un grupo de agricultores se entrevistó con el Auditor General de la cuprífera estatal, Cesar Correa, quien instruyó una investigación interna y de manera paralela, una auditoria encargada a una empresa externa. El punto a resolver era si funcionarios de la división estaban involucrados o no en el fraude, que implica ya un par de años de mala operación, con el consiguiente perjuicio fiscal.

un año y medio de registro gráfico y audiovisual es el material que agricultores de la zona entregaron a diversos organismos públicos a fin de demostrar el accionar de las empresas implicadas en la disposición de resíduos en el sector La Hormiga de San Felipe.
Un año y medio de registro gráfico y audiovisual es el material que agricultores de la zona entregaron a diversos organismos públicos a fin de demostrar el accionar de las empresas implicadas en la disposición de residuos en el sector La Hormiga de San Felipe. En las imágenes se aprecian nulas medidas de seguridad y hasta niños trabajando y comiendo entre los desechos de Andina.

Además, esta arista se incluyó en la revisión que está haciendo Contraloría a unos 39 contratos, dentro de los que se encuentra el de disposición final de residuos de Andina. Al respecto ya existen preinformes que están siendo revisados por la cuprífera debido a las irregularidades detectadas, y en el que, entre otras observaciones se señala que “lo expuesto, además de incumplir la normativa interna de Codelco, no se aviene con los principios de control, eficiencia, eficacia y economicidad previstos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N°18.575”.

Con todo, los agricultores locales no se conforman y anuncian acciones legales, las que incluyen una demanda civil de perjuicios por no controlar el impacto que generaron sus desechos en los cultivos en los últimos años a pesar de haber sido denunciados a la misma empresa, sin que se adoptaran las medidas que correspondían a fin de evitar que elementos contaminantes volvieran a la ciudad y otros esparcieran desechos a los alrededores generando afectación a la tierra y sus cultivos, tal como arrojaron los peritajes encargados por los afectados y una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Desde las oficinas centrales de Codelco, declinaron referirse a este u otros temas relativos a “investigaciones internas y externas, toda vez que aún no tenemos un informe definitivo ni acabado del tema consultado”, explican en un escueto comunicado.

Cabe señalar que la administración de  estos contratos forman parte de una auditoría especial que Contraloría de Valparaíso está llevando sobre el complejo tema de la basura en Aconcagua, lo que incluye a 8 municipios y otras empresas públicas, entre las que se encuentra la División Andina de Codelco.

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