“San Felipe es un escenario ideal para la Corrupción”

Una dura crítica  lanzó esta semana el director ejecutivo de la Fundación Mi Patrimonio, Pedro Muñoz Hernández, quien apunta a una “fiscalización deficiente y complaciente con quienes defraudan dineros fiscales o se involucran en negocios que perjudican los intereses del Estado”.

El directivo analizó las actuaciones del organismo que representa, y que por esta semana ha estado en el ojo del huracán en la comuna de San Felipe por la defensa corporativa que hizo del actuar municipal el administrador de la comuna, don Patricio González Núñez  quien fustigó las últimas actuaciones de la fundación.

¿Le parecieron injustas las palabras del administrador municipal?

“Más que injustas yo las califico como destempladas e irracionales. En mi opinión el administrador peca de desesperación de saber que no fiscalizó donde la ciudadanía y la ley le exige, porque son recursos públicos los que él custodia. Entonces, siento que lo que le sucedió fue que no controló su impulso y en lugar de explicar porqué se llegó a perder más de 1.500 millones, en el tema del Alumbrado Público, él prefirió denostar a personas y a la fundación. Esa situación tendrá que explicarla en tribunales porque sentí que arrojó frases muy cuestionables y no tuvo la capacidad de explicarle a la ciudadanía lo que realmente a la gente le importa: cuál fue el destino de esos recursos y el porqué se tendrá que pagar tanto en tantos años”.

¿Usted cree que en este caso hay corrupción?

“No solo en este tema, y la verdad es que San Felipe es un escenario ideal para la Corrupción, porque en esa comuna se conjugan la peor de las combinaciones. Tenemos un municipio muy cuestionado que, según lo que nos informa Contraloría, es una de las comunas con más observaciones en toda la región. A eso se suma la falta de control al interior del municipio, que es la falta más recurrente, lo que conspira contra la probidad. Por otra parte, el Ministerio Público pareciera estar más interesado en la carrera funcionaria de sus fiscales que en dar una señal pública  clara para combatir la corrupción. Y el Consejo de Defensa del Estado se acomoda en su postura de no ser un ente investigador, para no tomar un rol activo en la recuperación de los recursos fiscales que han sido mal girados”.

“Entonces, tenemos a un Municipio que confunde roles entre empresarios, amigos, ciudadanos e intereses del Estado, por otra parte a una Contraloría Regional que se pone en el bolsillo de los organismos que administran los recursos, en lugar de garantizar los intereses fiscales; a un Consejo de Defensa del Estado que se envalentona con delitos menores y pareciera omitir verdaderos caudales públicos desperdiciados, y por otra parte el Ministerio Público en la zona pareciera tener fiscales más preocupados de su carrera funcionaria que de atreverse a poner en primera línea a los funcionarios públicos que han actuado contra la norma y han provocado un serio daño patrimonial fiscal”.

¿Usted cree que ha fallado la institucionalidad?

“Nosotros confiamos en la institucionalidad, y en Fundación Mi Patrimonio hemos hecho nuestra declaración de principios, dentro de los que se encuentra colaborar estrechamente con los órganos de control del Estado, pero no es posible que temas locales debamos llevarlos a unidades regionales o al propio Fiscal Nacional cuando el principio de ejecución se encuentra radicado en la zona de Aconcagua. Entonces yo no hablaría de una falla del sistema, sino una falla en los protocolos que ponen toda la carga en funcionarios a los que pareciera no molestarles los delitos ambientales o de faltas a la probidad fiscal”.pedro muñoz hernandez fundación mi patrimonio

Pero ¿usted está apuntando a la fiscalía local?

“Mire, le soy sincero, no me gusta como ha enfrentado nuestra denuncia el fiscal a cargo de la única causa por fraude que colocamos en San Felipe, y por lo mismo el resto de las denuncias las llevamos afuera a unidades especializadas. Pero no es una cosa de puntos de vista, o de criterio jurídico sobre el delito perseguido, sino más bien es un tema de fondo, ¿quién podría decirme en el Ministerio Público que tenemos a un fiscal verdaderamente convencido en una causa, si no ha completado las diligencias mínimas que solicitamos en la querella, y peor aún, solo ha ordenado una diligencia en los últimos 14 meses?, entonces tenemos el legítimo derecho a pensar que, o no le convence la existencia de delito alguno o simplemente no le interesa formalizar a determinada autoridad por temor a entorpecer su carrera funcionaria que, querámoslo o no, en el caso de un fiscal, está marcada por los apoyos políticos”.

Viéndolo así, está la posibilidad de que efectivamente no existan delitos y solo problemas administrativos.

“Si Contraloría determinó que más de 50 millones fueron mal pagados en el tema de la basura y nadie persigue la devolución de esos dineros, ni la responsabilidad de quienes consintieron en esa defraudación, pero sí tenemos a la misma fiscalía local solicitando altísimas penas, incluso privativas de libertad para una funcionaria del Registro Civil que defraudó en poco más de 4 millones, o incluso solicitando penas de cárcel a una funcionaria que se apropió de 273 mil pesos en otra causa similar, ¿porqué no podemos pensar de que acá se está jugando a seguro ganador y entregando resultados mínimos para dar señal de acción en la persecución de los delitos de defraudación fiscal, pero mirando para el lado en los verdaderos delitos de corrupción que impactan los intereses colectivos?”.

¿Qué pasos seguirá la fundación en estas materias?

“Debo aclararle que la probidad es solo uno de nuestros motores de acción. Nos preocupa y duelen los pasivos medio ambientales que se generan en nuestra quinta región interior. Por ejemplo, se explotó más de dos millones de metros cúbicos de rocas para terminar el tramo local de la ruta CH60. La inmensa mayoría de esas explotaciones se hizo en pozos lastreros, en las laderas de nuestros cerros, interviniendo la morfología de las quebradas para siempre, sin permiso alguno  y generando un daño por el que nadie ha respondido, y ahí nuevamente tenemos una falla en el actuar institucional, ¿alguien podría indicarme tan solo una causa sancionada por esa materia por algún tema medio ambiental en la zona?, aunque nuestra legislación es precaria, existen herramientas suficientes para perseguir responsables pero, ¿por qué no se hace?, ¿acaso para el Ministerio Público eso es menos dañino o impacta menos a la comunidad que el hurto cometido por una cajera que solo afecta los intereses de un particular?, pareciera que a los fiscales solo les interesa interpretar esos delitos como meros fallos administrativos, y hasta parecen aliviarse cuando Contraloría deja algunos de esos temas en el limbo, con tal de no agregar otra carpeta a su abultada agenda persecutora”.

“Nosotros hemos acudido más arriba, y ya hemos hecho saber nuestra molestia, porque consideramos que hemos sido un aporte recabando antecedentes y entregando el máximo de apoyo al Ministerio Público y a los órganos de control, pero si hay una dicotomía tan abismante entre lo que piensa la gente a la que representamos y esos organismos, no nos queda más que gritar más elevado. Algunos de estos temas ya han sido tocados en comisiones parlamentarias, y esta semana nos reunimos con un senador y un ministro para entregarle las respectivas carpetas y nos ayuden a verificar si se ha accionado o no de la manera correcta los controles respectivos, después de eso solo nos queda seguir trabajando para transformarnos en una institución confiable para la ciudadanía, y desde esa plataforma ayudar a las personas a volver a confiar en la institucionalidad, pero para eso se necesita sacar primero del aparataje estatal y social, a aquellos que no les gusta vivir en comunidad de manera sana, sino que se ocupan en profundizar las desigualdades y la mala distribución de los recursos fiscales, medio ambientales y sociales”.

un año y medio de registro gráfico y audiovisual es el material que agricultores de la zona entregaron a diversos organismos públicos a fin de demostrar el accionar de las empresas implicadas en la disposición de resíduos en el sector La Hormiga de San Felipe.
La denuncia por irregularidades en los contratos por disposición final de basuras, fue la primera denuncia presentada por Fundación Mi Patrimonio en San Felipe. La organización se queja de falta de interés por parte del Ministerio Público.

Ampliación de Andina, Vizcachitas y traslado de Anhídrido sulfuroso

Respecto del ingreso al SEIA (Sistema de Evaluación Ambiental) de tres proyectos muy polémicos, Muñoz explicó que “aquí se manifiesta lo peor de nuestra legislación ambiental, la letra chica que, la gente no lee o no entiende, y que complica los procesos para terminar definiéndose entre cuatro paredes”, aclarando que en el tema de Andina y su ingreso de proyecto de “Adecuaciones mineras…”, “no es más que una fragmentación del proyecto Andina 244, porque en apariencia se pretende dar una imagen amable de protección de un glaciar en alta montaña, cuando lo único que está haciendo la cuprífera es disfrazar eso con la ampliación del rajo hacia otro sector y ampliación del depósito de lastre San Luis, lo que terminará por afectar una superficie inmensamente mayor de praderas montañosas, mayor impacto sobre las aguas y destrucción de humedales y lagunas  cordilleranas, vitales para el ecosistema. Entonces, por una parte el Estado no se interesa por transparentar los proyectos que afectan de manera permanente a las comunidades que habitan ‘aguas abajo’, y por otra parte cierra las puertas y ventanas del ejercicio ciudadano aprovechándose de una mala ley de bases que indica que solo son terceros interesados aquellos individuos que tienen una directa afectación pecuniaria, contraviniendo los protocolos internacionales y los acuerdos como la ‘Declaración de Río’, al cual nuestro país adscribe y que señala que ‘todo habitante de un Estado o Nación que se sienta afectado’ puede recurrir a instancias de intervención. Y en esto, tanto Andina como el Estado de Chile han jugado con la confianza colectiva”.

Sobre el proyecto de acopio de más de 280.000 metros cúbicos de Anhídrido Sulfuroso, el directivo expresó que no están “en desacuerdo con el interés comercial legítimo de una empresa que pretende ampliar su capacidad de acumulación pero, una vez más, si la ciudadanía no sabe de qué se trata el proyecto, cuánto dura y cómo se ejecuta, lo único que crean es incertidumbre entre los vecinos. Y otra vez se repite la misma pregunta que nos hicimos cuando se pretendió traer arenas contaminadas desde Las Salinas, ¿desde cuándo saben de esto los municipios? Y todavía cabe preguntarse ¿qué tipo de observaciones hicieron al proyecto?, porque salvo Putaendo, nosotros hemos revisado y no subieron nada al proceso en el plazo que determina la ley para ello ¿y después incentivan a la gente a manifestarse? Eso es una burla a la lógica, porque las peleas se deben dar en las instancias y tiempos determinados, y no cuando ya es demasiado tarde”.

Finalmente entregó su versión del tema Andes Cooper o proyecto ‘Vizcachitas’ en Putaendo, señalando que ese es otro proyecto “que nació mal, y creció mal”, porque mientras “por un lado teníamos parlamentarios haciendo un fuerte lobby, por otra teníamos a un municipio carente de conocimiento respecto de lo que realmente significaba el proyecto, y solo salía a aplaudir los letreros de ‘No a la Gran Minería’. Felizmente a medio andar eso se corrigió, y la llegada de dos o tres profesionales involucrados cabalmente en salir a argumentar con fundamento a los organismos ayudó un poco a mitigar la incertidumbre. Fue entonces que se presentaron dos obstáculos mayúsculos, por una parte el decreto de cese de faenas proveniente de la DGA, que a mi juicio, producto de una mala estrategia terminó judicializado y, por otra parte la aceptación de un plan de cumplimiento por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente a un proyecto que jamás tuvo resolución alguna para funcionar, lo que se transformó en un acto vergonzoso y pocas veces visto en el país, porque más que ordenar o sancionar, lo único que consiguió fue favorecer la ilegalidad de la minera que suma más de una década perforando y afectando ese cajón maravilloso y único sobre el río Rocín en Putaendo”.

“Es bueno sincerar las cosas, y entender que nuestra legislación actual ya no entrega luz verde a cualquier proyecto minero si la comunidad no lo quiere. En el escenario han aparecido, el ‘derecho real de conservación’, las zonas protegidas, las cuencas de interés científico y hasta la normativa que regula la planificación intercomunal, entre muchas otras herramientas, y me extraña mucho que hasta ahora los dueños de casa, como es la administración municipal de la comuna de Putaendo no haya apelado  a alguna de esas herramientas u otras más efectivas que solo salir a marchar con letreros de ‘No a las Mineras’. No existe titular más empoderado en materia ambiental que los municipios, y confiamos en que los equipos asesores puedan convencer a los alcaldes de que la ciudadanía sintoniza muy bien con autoridades proteccionistas y no solo contemplativas”.

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