El Informe de Contraloría que complica al ex Alcalde Navarro en causa de basuras y fraude al fisco

Aunque fue mantenido en reserva, incluso a los concejales de la comuna de Los Andes, hace poco se conoció públicamente que Contraloría Regional de Valparaíso, remitió un informe que devela una defraudación millonaria de dineros fiscales en la ejecución de contratos por disposición final de residuos domiciliarios. Los antecedentes no solo revelan falta de control y desorden administrativo, sino que involucra directamente al ex alcalde Mauricio Navarro por renovar contratos a espaldas del concejo, permitiendo que la cuestionada empresa GEA subiera unilateralmente los costos de sus servicios, entregando un servicio distinto del contratado, provocando con ello millonarias pérdidas que ningún control interno alertó.

Los detalles del informe complican al ex Alcalde Navarro ya que lo involucran directamente con la gran defraudación provocada entre 2014 y 2017 por la empresa que maneja los residuos y de la que participaron algunos funcionarios públicos. Agrava la situación el hecho de que el Ex Alcalde y ex Fiscal de Los Andes, es abogado de uno de los querellados en esta causa, el actual alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto.

El Informe

Se trata del Informe final N° 921 de 2017, debidamente aprobado sobre auditoría y examen de cuentas a los gastos efectuados por disposición final de residuos domiciliarios, entre otros municipios, de la Municipalidad de  Los Andes. El informe, de fecha 27 de Diciembre de 2017, señala sobre este municipio,  las siguientes observaciones:

Tratos directos sin causales

En términos simples, la Contraloría advirtió que se agotaron los procesos de licitación sin adjudicar como corresponde los contratos para disposición final de residuos domiciliarios y que para justificar la contratación directa con la empresa GEA Ltda., luego de haber revocado licitaciones públicas durante el año 2015 y 2016, la Municipalidad de Los Andes, no respetó la normativa contemplada al efecto, ya que no  se reunían las condiciones para adoptar el mecanismo legal excepcional para realizar la contratación de los servicio de manera directa con GEA Ltda. Algo completamente irregular en la ley de contrataciones públicas. Estos contratos implicaban pagos mensuales cercanos a los 30 millones mensuales, unos 1.080 millones por el período investigado.

Además para justificar los tratos directos con la empresa de Servicio Gea Ltda, el municipio dirigido en esa época por Navarro, invocó la causal de proveedor único, cosa que no se condice con lo manifestado por el Directivo del departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la época, Cristian Veloso Nilo, quien le manifestó a Contraloría Regional, que en la Región de Valparaíso, los servicios de disposición final de residuos domiciliarios también cuentan con  alternativas como KDM S.A. y CERSA S.A. estableciendose que incluso en dichas empresas el servicio es considerablemente más bajo que el valor ofrecido por la empresa finalmente designada. De esta forma “el municipio introdujo elementos adicionales, no contemplados en las normas legales,  afectando el principio de igualdad general de igualdad de los oferentes, lo que configuraría una discriminación económica”.

Falta de Acuerdo del concejo municipal

A ojos de Contraloría, los contratos que rigieron entre 1 Abril de 2015 y 31 de Diciembre de 2016, en los cuales se pactaron tarifas diversas por toneladas de residuos, aparece que Gea Ltda. habría “determinado unilateralmente el precio de cada convenio”, ya que el municipio al momento de efectuar los pagos no contaba con contratos que respaldaran los pagos, ya que “no se advierte con qué información se determinó el valor a pagar”, ni la entidad edilicia (el concejo) aparece participando en dicha decisión. Recién “en el periodo de Junio-Noviembre de 2016, el municipio deja de pagar facturas a GEA Ltda. por considerar diferencias en el valor de  las tarifas cobrados por dicha sociedad”, según señala el referido informe de investigación. SoyAconcagua.cl pudo constatar que a la llegada del alcalde Manuel Rivera, se habría acordado un reconocimiento de deuda y forma de pago de la deuda generada con la empresa GEA, sin considerarse el prejuicio económico sufrido por el municipio de Los Andes debido a que GEA dispuso los residuos de dicha comuna en el vertedero (a un costo cercano a los 6 mil pesos por tonelada) y no en el Relleno Sanitario tal como le fue ofrecido, cobrando un valor cercano a los 13 mil pesos por tonelada, sin que se haya cumplido con dicho servicio y sin que se verificara la denuncia entregada por Fundación Mi Patrimonio a mediados del año 2017 donde se daba cuenta de la irregularidad y se advirtió al concejo municipal de la defraudación generada.

Mientras que en Los Andes la ciudadanía creía en un proyecto de reciclaje de los residuos domiciliarios, en la práctica estos se disponían en un simple vertedero donde no hay tratamiento de la basura. A pesar de ellos la ciudadanía pagó sobrevalores respecto del servicio prestado.
Mientras que en Los Andes la ciudadanía creía en un proyecto de reciclaje de los residuos domiciliarios, en la práctica estos se disponían en un simple vertedero donde no hay tratamiento de la basura. A pesar de ellos la ciudadanía pagó sobrevalores respecto del servicio prestado.

Falta de Formalización de Contratos. El municipio no ha formalizado los contratos de prestación de servicio suscrito con la empresa GEA Ltda., con ello vulnerando la norma y faltando a las decisiones formales que le corresponde a los órganos  de la Administración del Estado por medio de actos administrativos. 

Obligaciones no registradas contablemente

La administración del ex alcalde Navarro es cuestionada en el informe también por no sincerar las cuentas generadas por concepto de disposición de residuos domiciliarios ya que deudas del año 2016 fueron arrastradas de manera imaginaria en la modalidad de “deuda flotante” al presupuesto del año 2017 sin justificación alguna, de tal modo que se subvaloró al menos en $181.561.766, ya que facturas del periodo 2016, de la empresa GEA Ltda, no fueron registradas como deuda exigible al término del ejercicio, en circunstancia que cumplían con todos los requisitos para ser reconocidas como tal” y se cargaron al año 2017, traspasándose finalmente al primer período del alcalde Rivera.

Sobre estos hechos se consigna que existió un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los hechos que dan cuenta el informe de la Contraloría, instruido por la nueva autoridad comunal, mediante el decreto alcaldicio N°2.485 de 26 de Diciembre de 2016, el cual a consideración del ente fiscalizador, excedió latamente en su tiempo de tramitación, y que curiosamente habría terminado sin sanciones.

Aunque los ciudadanos andinos confiaron en que los residuos de su ciudad eran tratados en un centro apropiado, finalmente se descubrió que eran arrojados en un vertedero que funcionaba contra la norma y a un precio que cayó en la defraudación.

Falta de órdenes de compra y control de disposición

El informe menciona que según lo señalado por el Director del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, la municipalidad nunca emitió ordenes de compra por los servicios prestados por la empresa en enero y octubre de 2015, y desde mayo a diciembre de 2016 por lo que jamás se registraron en el portal de Mercado Público, lo que no se ajustó a la norma legal.

La municipalidad de Los Andes tampoco pudo justificar dónde se depositaban los residuos ni pudo exhibir chequeos de control, por lo que algunos denunciantes al interior del municipio señalaron que estos trabajos se realizaban “a lo amigo” y por lo mismo existió un desorden que duró varios años en materia de basuras en la ciudad, y a su juicio “esto pasó sin que ni un concejal o funcionario alertaran de esta irregularidad”.

En cuanto al examen de cuentas de dicho informe. Por el aumento de la tarifa unilateral, durante los meses señalados, el municipio debió realizar un mayor desembolso por un total de $53.618.263, “lo constituye una transgresión a los principios de eficiencia y economicidad consagrado en la norma legal, en virtud de los cual, el alcalde y los funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los recursos del municipales”.

El Informe que se mantuvo oculto del concejo municipal, revela los más de 50 millones pagados como sobreprecio sin que hasta ahora nadie haga exigible su devolución a las arcas municipales.
El Informe que se mantuvo oculto del concejo municipal, revela los más de 50 millones pagados como sobreprecio sin que hasta ahora nadie haga exigible su devolución a las arcas municipales.

Como conclusión, la Contraloría regional concluyó que la administración del ex alcalde Navarro, “no efectuó controles y fiscalización relacionadas con las materias examinada. Lo que no se aviene con las normas legales administrativas dispuestas para el efecto. Tampoco el municipio de Los Andes realizó inspecciones técnicas al CTI La Hormiga, a fin de fiscalizar, controlar e inspeccionar el correcto cumplimiento de los servicios contratados a la aludida empresa Servicios GEA Ltda., lo que infringe el espíritu del artículo 3° de la ley 18.575, es decir FALTA DE CONTROL”.

Resulta especialmente particular, “que subsistiendo tanta anormalidad administrativa en el contrato de la basura analizado en el informe de Contraloría, el alcalde no requirió, el acuerdo del concejo municipal para otorgar la concesión de los servicios examinados entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de abril de 2016, lo que vulneró lo dispuesto en las normas legales dispuestas al efecto. También contravino principios legales el Municipio de Los Andes, cuando emitió 14 órdenes de compra con posterioridad a la recepción de los servicios. En ese mismo sentido, además no se emitió órdenes de compra asociada a los servicios prestados por GEA Ltda. en enero y octubre de 2015, y desde mayo a diciembre de 2016, lo que tampoco se ajusta a las Normas del Ministerio de Hacienda”, señala finalmente el citado informe que hasta el día de hoy no fue revelado a los concejales de la comuna ni se dio a conocer públicamente.

Fundación Mi Patrimonio

Desde la fundación mi patrimonio no quisieron referirse en detalle al tema y señalaron que todos los antecedentes los habían puesto “en manos del concejo municipal de Los Andes, tanto del período anterior como del actual” y que “reiteradamente” intentaron contactarse con “más de algún concejal sin que alguno de ellos devolviera el llamado”, y que también se reunieron con el administrador municipal para entregarle los antecedentes pero que, “ni este, ni el alcalde aceptaron reunirse para analizar el tema”, por lo que ahora el asunto estaba en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, ignorando si se iniciarían acciones adicionales por parte de estos organismos.

No obstante lo anterior, uno de los abogados de dicha organización, José Núñez Avilés, se refirió escuetamente al asunto asegurando que “la Fundación se encuentra colaborando permanentemente con los organismos de control del Estado, pero que sin perjuicio de aquello nosotros tenemos nuestra propia senda de acción y en los próximos días debiésemos ampliar la querella por fraude al fisco que interpusimos en el año 2016 y que se encuentra en etapa de investigación. Sin duda en los últimos meses tenemos un panorama mucho más claro respecto de quienes estarían involucrados en estos hechos y también una mejor visión del nivel de los montos defraudados”.

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