Contraloría pone fin al «arreglín» entre municipalidad de San Felipe y empresa Citeluz: deberán devolver plata de su bolsillo

Un verdadero terremoto político y financiero es el que se produjo este martes en la comuna de San Felipe, cuando se conoció un Dictamen de Contraloría General de la República (N° E3716 / 2020) que declaró ilegal el acuerdo entre la Ilustre Municipalidad de San Felipe y la empresa Citelum (ex Citeluz).

En principio, el municipio deberá echar pie atrás y anular el referido contrato, que le costaría un poco más de $1.500.000.000 y casi 7 años de endeudamiento por trabajos de luminarias no ejecutados en su totalidad. Además el organismo de control ordenó establecer responsabilidades administrativas de quienes participaron en el proceso de “negociación” de tan perjudicial acuerdo.

Cabe señalar que el Dictamen de Contraloría se pronuncia respecto de la forma en que se aprobó el contrato de transacción, como también sobre el fondo del mismo.

Respecto de la forma, el dictamen señala que, “en el concejo municipal de San Felipe tienen derecho a voto el Alcalde y los 6 Concejales” por lo que, “la base de cálculo para determinar el quórum de los dos tercios exigidos por el mencionado artículo 65, letra j), (de la Ley de Municipalidades) está constituido por 7 votos, de modo que, en la especie, dicho quórum se cumple con la concurrencia de 5 votos a favor de la propuesta del Alcalde, cuando el plazo del contrato excede el período alcaldicio (…) Consta que a la sesión en que aquel (contrato de transacción) se adoptó, asistieron todos los concejales de la comuna, más el alcalde, habiéndose emitido solo 4 votos a favor -el Alcalde Patricio Freire y los Concejales, Mario Villanueva, Dante Rodriguez e Igor Carrasco-, por lo que no se reunió el quórum de dos tercios exigido por la ley, de tal forma que no se ajustó a derecho la decisión de dar por aprobada la propuesta de la autoridad comunal y proceder a la celebración de dicho contrato de transacción, acuerdo que fue promulgado mediante el decreto alcaldicio N° 3.602, de 22 de junio de 2018”.

Este hecho, referido a la falta de quórum necesariamente hace ilegal el acuerdo, por el que la ciudad estaría obligada a pagar. Incluso más allá de este periodo alcaldicio.

Respecto del fondo del acuerdo, el referido dictamen aclara que ni la deuda contraída es legal, ni los trabajos que supuestamente se realizaron son suficientes como para generar este abultado compromiso financiero. Por lo mismo, la Contraloría señala en su dictamen que. “adoleciendo de un vicio de legalidad el citado decreto alcaldicio N° 3.602, de 2018, que promulgó el acuerdo N° 798, del Concejo Municipal -que dio por aprobada la propuesta del Alcalde de celebrar el referido contrato de transacción-, es menester concluir que esa entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento de invalidación conforme con lo previsto en el artículo 53 de la ley N° 19.880, informando documentadamente de la decisión adoptada a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de recepción de este pronunciamiento”.

Y a continuación agrega que “además, esa municipalidad deberá iniciar la tramitación de un procedimiento disciplinario en contra de quienes intervinieron, o bien, debiendo de hacerlo, se abstuvieron, en la adopción de un acuerdo ilegal que significó que la manifestación de voluntad de la municipalidad para suscribir la referida escritura pública de transacción estuviere viciada, a objeto de hacer efectivas las responsabilidades administrativas”.concejo municipal de san felipe

El Truco

En términos simples, y según consta en la denuncia ingresada al Ministerio Público, durante la actual administración del alcalde Patricio Freire, el Administrador Municipal Patricio González, pidió revisar los principales contratos dejados por la antigua administración municipal. Uno de esos contratos era el que mantenía la entonces empresa de luminarias Citeluz (hoy bajo el nombre de Citelum). El plan inicial establecido en las bases del contrato bajo la administración de Jaime Amar, consistía en cambiar todas las luminarias  y el sistema de medición que hasta entonces costaba un pago mensual promedio cercano a los 50 millones de pesos. Así, si un poste del alumbrado público estaba con desperfectos o apagado, el municipio igual debía pagar un promedio mensual.

La propuesta de la administración Amar fue de pasar a un sistema medido realmente, de tal modo que se pagara por consumo efectivo y no presunto por concepto de iluminación pública. Dicho plan de recambio se pagaría con el ahorro que comenzaría a generarse a partir del cambio de tecnología. Para asegurarse de dicho ahorro y a fin de que no fuese el municipio el que absorbiera dichos costos, el alcalde Amar exigió a la empresa Citeluz firmar en una notaría de Santiago un contrato compromiso de ahorro sostenido hasta el pago del contrato, cuestión que no pudo ver concretada pues llegó la nueva administración en diciembre del año 2012.

La idea del nuevo administrador era rebajar dicho contrato, lo que se concretó en un 30%, por acuerdo de las partes, en una notaría local. Sin embargo, y a poco andar el proyecto el director de planificación y otros profesionales descubrieron que podían ejecutar dicho cambio de luminarias con otra fuente de financiamiento: El Gobierno Regional, pero para ello la empresa ejecutante de esos futuros proyectos (Citeluz) no debía tener trabajos pendientes con el municipio sanfelipeño. Es en ese punto que el encargado de la Dirección de Protección del Medio Ambiente (DIPMA), a saber el propio Patricio González, firmó sucesivos certificados que daban por ejecutadas las obras de la empresa Citeluz. Incluso autorizó el pago de 7 facturas por un monto total de 504 millones de pesos.

Finalmente el cambio de luminarias a tecnología Led en la ciudad se fraccionó en cuatro proyectos del gobierno regional, ejecutados y pagados con financiamiento público.

Sin embargo, el actuar de Patricio González y otros funcionarios municipales derivó en que el proyecto original generaba una deuda por los «trabajos ejecutados», según la certificación que el propio administrador hizo de manera irregular.

Ese asunto derivó en el despido de un funcionario (y ahora testigo en la causa), que había advertido hacia el año 2015 que se estaba ordenando pagar trabajos no ejecutados.

A esas alturas el tema ya estaba en conocimiento del Ministerio Público y a los involucrados no les quedó más salida que «legalizar» su acción con el acuerdo de transacción negociado con algunos concejales que en un principio desecharon aprobar la propuesta, pero que finalmente terminaron aprobando el contrato que ahora Contraloría declaró ilegal.

Responsables arriesgan pena de cárcel y pérdida patrimonial

El llamado “caso Citeluz” ha sido abordado más de una vez al interior del concejo municipal. De hecho la propuesta del contrato de transacción fue votada en tres oportunidades, siendo rechazado en dos ocasiones por la mayoría del concejo hasta que, tras un fuerte lobby, algunos concejales cambiaron su voto.

Este último hecho está siendo investigado por una unidad especializada del ministerio Público y durante febrero pasado hizo desfilar a concejales y funcionarios por la Brigada de delitos económicos de la PDI en Los Andes, a fin de que explicaran la razón por la que, ante los mismos antecedentes votaron de diferentes formas.

Los concejales abrían apuntado en dichas dependencias al hecho de que tanto los abogados municipales, Jorge Jara Catalán, y Mauricio Mass Santibañez, como el administrador Patricio González habrían inducido a error en su votación ya que ellos repitieron más de una vez que “Contraloría les había dado la razón de que el contrato de pago propuesto era lo mejor para la comuna”.

Ese hecho se suma a la investigación que se sigue sobre un funcionario que habría firmado en varias oportunidades, certificados de recepción total de obras terminadas, cuando en realidad los trabajos de la cuestionada empresa seguían pendientes.

Una última arista de este mismo caso es el hecho de que el Alcalde Patricio Freire habría recibido un obsequio de parte de Citeluz, justo en medio de un proceso de licitación que finalmente quedó en manos de la misma empresa “regalona”. A esa acusación, el propio alcalde ha señalado que “no es efectiva” y que él “jamás recibió regalo alguno”.

El tema continúa abierto, y sería tratado este martes en la sesión de concejo municipal.

En el caso de determinarse responsabilidad penal de quienes tranzaron a nombre de la ciudad, provocando una pérdida patrimonial a las arcas fiscales, los involucrados arriesgan penas que van desde la devolución de los recursos de su propio bolsillo a la suspensión o inhabilidad de sus cargos, y hasta penas de cárcel, debido a la cuantía de las pérdidas que su acción u omisión provocó.

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