El fin de una cuestionada gestión: Administrador Municipal de San Felipe se debió ir hace más de un año

En una inaudita situación que confronta a la Corte de apelaciones de Valparaíso, a la Contraloría General de la República y a la Corte Suprema, terminó la causa relacionada a la destitución del cuestionado Administrador Municipal de San Felipe, Patricio González Núñez. (Patricio González Núñez, Foto de Archivo)

Todo comenzó cuando el Concejo Municipal de San Felipe, en su sesión de fecha 20 de febrero del año 2018, aprobó el Certificado de Acuerdo N° 647 que acordó la destitución del administrador municipal, señor Patricio González, votando 4 concejales a favor de la destitución, y dos en contra de la destitución, esto debido a reiteradas irregularidades en el pago de imposiciones, en la administración del contrato de luminarias, entre otros.

Mediante el oficio N° 6.355, de 13 de junio de 2018, el Contralor Regional de Valparaíso privó los efectos de dicho acuerdo al interpretar que no existía el quórum exigido por ley para tal acto.

Ante este escenario administrativo, uno de los concejales interpuso un recurso de protección (Rol 5301 – 2018 Caratulado “Beals/Contralor Regional de Valparaíso) para dejar sin efecto el citado oficio N° 6.355, lo que fue desestimado por la Corte de Valparaíso con fecha 22 de agosto de ese año.

Pero el concejal apeló a la sentencia, y ante   ante la Tercera Sala de la Corte Suprema (causa N° 22.023 – 2018), esta estuvo por revocar unánimemente lo dispuesto por la Corte porteña y en su lugar, dejar sin efecto el oficio impugnado, por lo que el certificado de acuerdo número 647 que destituía al administrador Municipal de San Felipe debía cumplir lo resuelto por el Concejo Municipal y retirarlo de sus funciones.

Según consigna el expediente, a pesar de dicho efecto inmediato, y en una omisión que fue reclamada como «absolutamente arbitraria e ilegal, el Alcalde de la ciudad, don Patricio Freire Canto no dictó jamás el respectivo Decreto de destitución, ni tampoco ejecutó el acuerdo mayoritario del Concejo Municipal», agregándose que, «más grave aún, el alcalde Patricio Freire designó en sucesivos Decretos al impugnado Administrador, como Alcalde (S) y este, a pesar de haber perdido la confianza del concejo municipal y por extensión, de la ciudadanía a quienes estos representan, firmó contratos, emitió órdenes de pago, suscribió contratos, y dictó otros Decretos en el nombre de la ciudad a pesar de haber perdido la confianza de esta, tras ser destituido en votación ajustada a derecho».

Así las cosas, la Corte Suprema advirtió que esta sentencia debió haber surtido sus efectos hace más de un año, no concibiendo la sala que analizó los antecedentes, cómo es que aún no se ejecuta dicha sentencia.

Blindaje político al Administrador

En un verdadero blindaje político, tanto el Alcalde Freire, como su equipo jurídico aparecieron por los medios de comunicación señalando que «este era un problema entre el poder judicial y Contraloría», y que en lo estrictamente legal, «la resolución de la Corte no les obligaba a nada», y así mantuvieron a González en su cargo.

Cuando todo el mundo creía que la suerte del administrador ya estaba echada en su favor y que ninguna medida de remoción le alcanzaría, un nuevo recurso hizo reabrir el caso. Esta vez se trataba de un solicitud de impugnación de los decretos y resoluciones adoptadas por el administrador, toda vez que dichos actos carecían de legalidad, pues eran firmados por un funcionario que debía estar alejado de dichas funciones.

El expediente agrega que «(…) no existiendo obstáculo legal para que el alcalde de la ciudad de San Felipe firme el decreto de destitución, para dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el concejo municipal de San Felipe, resta preguntarse por qué aún el edil de San Felipe no procede a efectuar el acto administrativo que por ley le corresponde ejecutar (…) ¿Correspondió que el administrador removido por el concejo continuara ejerciendo su cargo?¿Son válidos los actos administrativos en los que participó el administrador municipal aún después de ser votada su destitución independiente de la firma del decreto en sí, que ya pudo caer en la ilegalidad administrativa por no firmarse en tiempo y forma?”

Puesto que, ni Contraloría, ni la Corte de Apelaciones de Valparaíso se hicieron cargo de estos cuestionamientos, argumentando que la sentencia en la referida causa se encontraba «en ejecución», los requirientes acudieron nuevamente a la Corte Suprema, quienes en sala debatieron sobre los efectos inconclusos que tuvo la causa de origen y oficiaron a la Corte porteña para que en un plazo de 30 días informe sobre el cumplimiento de la cuestionada sentencia.

Transcurridos 15 días en que el máximo tribunal regional no dio curso al informe, el propio Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Enrique  Silva Gundelach, requirió de manera urgente una respuesta a la solicitud del recurrente, que se planteó al siguiente tenor: «advirtiendo que el acto que pondrá fin a la actuación arbitraria e ilegal, esto es, la destitución del Administrador Municipal de San Felipe,  aún no se ejecuta, habiéndose pedido cuenta del estado de ejecución de la Causa 5301-2018 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso».

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Para el Concejal Christian Beals Campos, esta ambigüedad de Contraloría y la Municipalidad de San Felipe no es más que un juego para ganar tiempo y favorecer a sus protegidos.

«Nos hemos ido acostumbrando a que, los que actúan de manera cuestionable, se les proteja, ya sea por intereses políticos o de amistad, pero acá no se trata de meros caprichos. Acá hay que sacar a los malos funcionarios o a los que hacen que la ciudadanía pierda la confianza en la administración pública. Así de simple. Entonces uno solo se puede preguntar si, es tan cuestionada una persona para ejercer una función que debe ser de absoluta confianza ¿Bajo qué intereses o temores se sigue protegiendo?»

24 horas fatales

Mediante una resolución de este jueves 14 de mayo, la Corte de Apelaciones otorgó 24 horas para emitir un informe de cómo ejecutaron el cumplimiento de la sentencia que validó la votación de destitución del hombre de confianza del alcalde patricio Freire.
Así, se comunicó tanto a Contraloría, como al propio municipio por correo electrónico bajo un apercibimiento que expone a los funcionarios que se nieguen a dar cumplimiento a una sentencia a sanciones que van desde la amonestación, hasta la suspensión del cargo por cuatro meses, además de las responsabilidades penales de haber permitido una vulneración de garantías Constitucionales.

En todo caso, al interior del municipio sanfelipeño siguen confiados en que sus posibles contactos al interior de Contraloría e incluso la Corte de Apelaciones, les permita seguir teniendo al administrador en ejercicio hasta el final de la era Patricio Freire.

Por otro lado, quienes han sido férreos detractores de la gestión del administrador municipal piensan que su rol como administrador de la gestión municipal llegó a su fin, aunque no descartan que el propio municipio burle la confianza de la ciudadanía y lo traslade a otra dependencia municipal para seguir blindándolo en su afán por ser alcalde de Putaendo.

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