El Alcalde que burló a la Corte por afirmar a su hombre fuerte en el municipio

En febrero de 2018 el concejo Municipal de San Felipe decidió destituir al Administrador Patricio González, por haber perdido la confianza en su administración debido a malos manejos financieros y denuncias por faltas a la probidad.

Sin embargo, desde un primer momento, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, se mostró muy molesto tanto en el mismo concejo, como ante la opinión pública. Acusó a los concejales de querer «destruir San Felipe», y de ser «los peores concejales de la historia».

Pero una vez calmados los ánimos, fue el propio Patricio González  quien dirigió su defensa en el concejo, en los medios locales, y ante la Contraloría Regional. Pero no lo hizo solo, fue el propio alcalde Freire quien gestionó una andanada de acciones para dilatar la remoción, y en lo posible, evitarla

Lo primero que hizo fue recurrir al Contralor Regional, y anunció por los medios que este les había entregado todo su apoyo, toda vez que aplicaba un criterio general respecto de que la Contraloría invalidaría la votación por no alcanzar el Quorum necesario.

El resultado es ya sabido. Contraloría invalidó la votación (Mediante el Dictamen N 6355/2019), la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo ratificó, y el concejal que interpuso el recurso de protección para invalidar ahora a Contraloría, apeló a la Corte Suprema.

El máximo tribunal revirtió el abuso arbitrario e ilegal y validó la votación que destituyó al administrador. Claro que, en esa vuelta, ya el alcalde y su protegido habían ganado un año entero de permanencia en el cargo.

El Segundo Año

Pero eso no fue todo. Además de celebrar como «un triunfo» de su gestión las victorias obtenidas en Contraloría y luego en la propia Corte de Apelaciones, el Alcalde celebró públicamente por los medios y espacios municipales que tenían administrador para rato.

No obstante, y una vez conocido el fallo de la Corte Suprema, el propio alcalde y su equipo jurídico señalaron que «de ningún modo, la sentencia obliga a hacer algo», puesto que aquella «solo manda a dejar sin efecto un dictamen de Contraloría». Y dejó las cosas así, sin moverlas y sin firmar el decreto de destitución de su hombre ancla en la gestión que dirige.

Tras mover sus palillos políticos, y de una manera inexplicable, el municipio consiguió que los ministros resolvieran no volver a aclarar ni pronunciarse sobre la causa 5301- 2018, ya que, según concordaron, la sentencia se encontraba ejecutoriada, y por tanto «Habiéndose dispuesto por la Excma. Corte Suprema dejar sin efecto el Dictamen N 6355 de fecha 13 de junio de 2018 de la Contraloría Regional de Valparaíso, y no existiendo al respecto cuestión alguna que cumplir en esta sede, archívense los antecedentes».

Con esto se le ponía una lápida a una cuestión que no solo causó polémica en la zona, sino que además puso en tela de juicio la real independencia del máximo organismo de control administrativo y la propia Corte porteña que dejaba sin ejecución su propia sentencia, toda vez que el resultado lógico de validar una votación de destitución, era la misma destitución  que nunca se ejecutó. Y hasta entonces ya el alcalde Patricio Freire había ganado otro medio año sin acatar lo que en derecho le correspondía ejecutar.

El Recurso que revivió la polémica

Tras conocer de la resolución de la Corte, que decidió archivar la causa, un ciudadano ingresó una serie de presentaciones a Contraloría con la finalidad de «anular las resoluciones y contratos firmados por el administrador municipal, toda vez que, al estar en posición ilegitima de su cargo, dichas resoluciones y contratos se encontrarían viciados, dada la falta de personería para representar los intereses de la ciudad, toda vez que el funcionario que los suscribió había perdido la confianza de los concejales, que al fin y al cabo son los representantes de la ciudadanía ante el concejo».

Puesto que las pretensiones fueron desechadas, interpuso un nuevo recurso de protección, esta vez para que el  órgano contralor se pronunciara sobre las acciones ejecutadas por el administrador y la legalidad de las mismas.

Al declarar inadmisible el recurso por tratarse de temas ya abordados en una causa previa y que apuntaban al mismo objetivo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó acogerlo a tramitación señalando que la mencionada causa además se encontraba «en ejecución».

El recurrente apeló a dicha resolución argumentando que, si bien es cierto podría tratarse del mismo asunto, «no era efectivo que los efectos naturales y lógicos de la sentencia que ratificó la votación para destituir al administrador se encontraran en ejecución», ya que este se encontraba en pleno ejercicio de dicha función impugnada.

Solo entonces la Corte Suprema verificó que efectivamente a más de 2 años de que se votara válidamente la destitución del cuestionado administrador, este continuaba burlando lo dictaminado por ese máximo tribunal, bajo la excusa de no tener una orden textual de cumplimiento.

Incluso tras conocer de  esta nueva tramitación, Patricio González señaló a Radio Lider FM que «nosotros elaboramos nuestra respuesta en los mismos términos que la vez anterior, y la Corte volverá a fallar lo mismo. Pero en ningún caso ordenará mi remoción porque ya no hay motivos para pedirla, y estoy seguro que el concejal que pretendió esto hoy no tendría los mismos 4 votos. Por lo tanto yo estoy tranquilo de que aquí no pasará nada y nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo».

Con este comunicado, difundido en sus redes sociales, anunció que no destituirá al administrador Patricio González, porque hasta ahora nuca se les ha ordenado literalmente aquello.
Con este comunicado, difundido en sus redes sociales, el municipio anunció que no destituirá al administrador Patricio González, porque hasta ahora nuca se les ha ordenado literalmente aquello.

Para quienes intervinieron en este proceso, «acá hay un claro ejemplo de desacato y de falla multisistémica ya que, por un lado el Alcalde se aprovechó de una situación que aparentó difusa por más de dos años; Contraloría desatendió más de siete presentaciones que le pedían ordenar hacer efectiva la votación y anular los actos ejecutados por el funcionario, ya que se encontraban viciados y; el propio poder judicial que se ve cuestionado al no hacer cumplir sus propias sentencias».

El concejal Christian Beals señala que acá «hay varios tropiezos», y que «el sistema se pisa la cola, porque no es posible que una cuestión tan simple de resolver demore más de dos años en ejecutarse».

En tanto, Pedro Muñoz Hernández, de Fundación Mi Patrimonio, y recurrente en la segunda causa expresó que, «los tiempos no están para estos enredos. La percepción de la ciudadanía en este caso es que hay un proteccionismo a algunos políticos que se manejan muy bien ante los órganos de control, y que hasta se jactan de aquello públicamente. Es cosa de escuchar lo que señalan los abogados municipales. Para ellos estas resoluciones no tienen peso alguno y siguen sintiéndose por sobre Contraloría y por sobre la Corte, al jugar con el sentido de las sentencias y resoluciones. Siempre enredando, siempre dilatando y actuando de mala fe. Por otra parte Contraloría y la propia Corte no pueden dar estas señales de parsimonia y descoordinación ya que, aunque órganos independientes, ambos deben representar el principio de unidad que la ciudadanía les demanda».

La Corte recibió ya ambos informes solicitados y debiese resolver este caso en los próximos días. Mientras tanto, el propio Tribunal Electoral se encuentra observando este desenlace, ya que también mantiene una causa por posible abandono de deberes del Alcalde Freire, entre otras cosas, por no destituir cuando correspondió a su administrador municipal.

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