Comenzó ‘operación limpieza’: CDE se querella por malversación de recursos fiscales en municipio de San Felipe

Se trata de las ejecuciones irregulares de los programas «Mas Capáz» en que una persona de confianza del ex administrador Municipal, Patricio González, habría malversado fondos públicos apropiándose de ellos desde el año 2016. Además el mismo administrador se negó a prestar declaraciones ante la PDI y ahora deberá responder ante el Ministerio Público, cómo es que no fiscalizó la pérdida de más de $40.734.889.

La querella fue interpuesta en el Tribunal de Garantía de San Felipe, por el Procurador Fiscal de Valparaíso, el abogado Michael Wilkendorf Simpfendorfer, y busca perseguir la responsabilidad penal en la pérdida de dichos recursos.

Inicio de las investigaciones

Fue el propio Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio Poduje, quien tras recibir los antecedentes aportados por la Fundación Mi Patrimonio en junio pasado, instruyó acciones concretas conducentes a una persecución penal a fin de dar cumplimiento a su objetivo de tomar un rol más activo del CDE en la recuperación de recursos fiscales, a través de una mayor transparencia y celeridad en el abordaje de casos.

Con los antecedentes aportados, más las diligencias investigativas del Ministerio Público de San Felipe se pudo constatar que en la ciudad se produjo la materialización de «diversos convenios de cooperación suscritos entre la Ilustre Municipalidad de San Felipe y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), entre los años 2014 y 2018, desembolsando este último diversas cantidades de dinero al municipio local».

El administrador municipal, Patricio González, se encargó de que dichos proyectos se mantuvieran siempre a su cuidado, ya que solo él se encargaría de supervisar a su hombre de confianza para ejecutarlos.

Se trata del señor Fernando Emilio Fuentes Donoso, «que en su calidad de coordinador de estos programas, fue contratado a honorarios por el Administrador Municipal señor Patricio González Núñez, en representación de la referida Municipalidad. Es precisamente el primero, quien tuvo a su cargo el control absoluto de la distribución de los dineros para llevar a cabo los proyectos respectivos, presentándose bajo su gestión una serie de graves irregularidades en torno a los gastos y rendición de los mismos».

Contenido de la acusación

SoyAconcagua.cl tuvo acceso exclusivo a la querella, y en ella se señala que se viene «a interponer querella criminal en contra de Fernando Emilio Fuentes Donoso (…) encargado y coordinador del Programa Mas Capaz entre los años 2014 y 2017, ejecutado por la I. Municipalidad de San Felipe, por el delito de malversación por substracción, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal; y de quienes resulten responsables sea por el mismo delito u otros ilícitos penales que pudieran llegar a configurarse durante el curso de la investigación».

Después de una serie de irregularidades en la rendición de cuentas de los cursos supuestamente rendidos, la querella es tajante en describir un patrón de conducta reprochable penalmente.

«Las irregularidades descritas, referidas a los años 2014 y 2015, fueron un adelanto de la situación delictual que ocurriría el año 2016. En efecto, tras adjudicarse cuatro cursos de capacitación el año 2016, la Municipalidad de San Felipe firmó un convenio con el SENCE el 09 de agosto, a ejecutarse hasta el 30 de junio de 2018, desembolsándose un monto de $85.489.215 para la ejecución de aquel, el cual contemplaba dentro de sus exigencias la aprobación de 25 alumnos por curso. Sin embargo, consta en la investigación que la inscripción total de alumnos fue de solo un 40% del cupo total. Pese a ello, los gastos efectuados se contabilizaron considerando el cupo máximo de participantes y, además, fueron excesivos y/o incongruentes a los objetivos planteados en el convenio de acuerdo a los testimonios recopilados dentro de la investigación».

Entre tales testimonios, recogidos en la investigación «destaca el de la Srta. Miriam Henríquez Contreras -Profesional de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Felipe desde Agosto del 2016- la que señaló que para la ejecución del programa de contabilidad de dicho año, por ejemplo, el Sr. Fuentes Donoso debiendo comprar calculadoras de $900 .- cada una, optaba por la adquisición de Tablets, contemplando un número de 25 aparatos siendo que el curso estuvo compuesto tan solo por 15 integrantes».

A su vez, «las irregularidades no solo recayeron en los gastos rendidos, sino también en el contenido de los programas, los cuales contaron con un ínfimo número de aprobaciones, reiteradas transgresiones a los plazos de cierre –a vía de ejemplo, mediante la no presentación de los libros de clases sino hasta casi un año después – y en la inoportuna entrega de información solicitada por parte de la Municipalidad, lo que trajo como consecuencia, que los cursos debieron ser cerrados».

Tras los posteriores análisis de contabilidad realizados por parte del SENCE, en base a la documentación presentada por la Municipalidad con fecha 19 de junio del 2019, se concluyó que ésta debía reintegrar al SENCE regional la suma de $40.734.889, correspondiente al total del dinero no rendido por parte del Sr. Fernando Fuentes Donoso. El ente municipal procedió a reintegrar el total del monto disponible en la cuenta destinada a la ejecución del programa ascendente a la suma de $13.602.558- por lo que actualmente la deuda asciende a $27.132.331, respecto de la cual el querellado Sr. Donoso no ha da cuenta alguna de su destino.

Por lo anterior, es que para el organismo defensor de los intereses fiscales, «los hechos descritos sobre la situación acontecida durante el año 2016 respecto al desarrollo de los cursos de capacitación que fueron adjudicados a la Municipalidad de San Felipe, en el marco de la ejecución del programa MAS CAPAZ, se configura el delito de malversación por substracción, previsto y sancionado en el artículo 233 en relación con el artículo 238, ambos del Código Penal ya que el monto del caudal substraído, excede las cuatrocientas unidades tributarias mensuales».

La querella concluye con un análisis del total más claro faltante, y deja abierta la posibilidad de encontrar otros dineros extraviados en las contabilidades.

«En efecto, se constata que, producto de la gestión y administración monetaria del coordinador ya individualizado –quien ostentaba de una especial relación de custodia de dichos caudales-, existe un déficit de $27.531.245.- monto que hasta el momento no ha sido justificado ni se ha dado explicación de su destino y cuya rendición de cuentas no se ha regularizado hasta la fecha».

Entre las diligencias solicitadas al juez de Garantía, están dos que llamaron mucho la atención. En primer lugar que, se «cite a declarar, ante el Sr. Fiscal, al señor Patricio González Núñez, ex administrador municipal, quien en tal calidad procedió a contratar y asignar funciones de gestión al señor Fernando Fuentes Donoso y que con fecha del 02 de agosto del 2019, mediante comunicación telefónica se excusó de declarar ante la PDI, indicando para ello que desconocía los antecedentes que originaron la denuncia e indicó que no concurriría a prestar declaración ante el oficial que lo contactó».

Y en segundo lugar la acción penal requiere que «se oficie a la I. Municipalidad de San Felipe, para los efectos que informe si se inició un sumario administrativo por los hechos de la querella y en caso afirmativo se remita copia de él».

Aunque parezca increíble, el Alcalde en ejercicio para esa época, Patricio Freire Canto, no instruyó el respectivo sumario, a pesar de haber tenido los antecedentes a la vista. Lo mismo sucedió con el entonces administrador municipal, Patricio González, quien no solo no instruyó un sumario, sino que, siendo aún funcionario municipal, rehusó prestar declaración cuando lo citaron, protegiendo el accionar de una persona de su confianza e ignorando su posible participación en el delito que se imputa en la querella.

Reacciones

Para el Director ejecutivo de la Fundación Mi Patrimonio, Pedro Muñoz Hernández, «esta es una situación esperable. Y aunque desde el municipio repitan una y otra vez que acá no hay corrupción, los hechos demuestran otra cosa. Hace pocos días escuchaba las declaraciones del Jefe del Departamento Jurídico municipal, señor Jorge Jara Catalán, quien aseguraba que jamás nadie ha cuestionado o acusado de corrupción municipal. Yo quiero recordarle, que no ha sido una, sino cinco las querellas que se interponen por diversos temas relativos al actuar de funcionarios. De hecho, él mismo se encuentra querellado por acciones que nuestra fundación ha estimado dañinas a los intereses fiscales. Nosotros esperamos que esta vez, exista la voluntad suficiente desde el Ministerio Público para acusar, ya que nos encontramos de brazos cruzados cuando, investigamos, nos querellamos, le aportamos elementos contundentes al fiscal y este decide no perseverar. Tampoco en el municipio encontramos disposición a colaborar, y este negacionismo del  departamento jurídico nos lleva a cambiar de estrategia. Esta es la primera vez que el CDE asume la defensa de los intereses municipales en San Felipe, querellándose en nombre de la municipalidad, lo que permitirá que esta vez los abogados municipales se mantengan al margen de esta acción ya que, como hemos visto, hasta ahora mostraron desinterés total en defender judicialmente los dineros mal gastados o lisa y llanamente sustraídos. Pero puede que ahora las cosas cambien, y hemos encontrado muy buena disposición de parte del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, para perseguir responsabilidades, y esta querella va en esa dirección. Poco a poco la gente y las autoridades van  entendiendo  que cada peso que no se cuida, es un peso que luego hace falta para los que más lo necesitan».

Para el recién asumido Alcalde Suplente de San Felipe, Christian Beals Campos, «esta es una buena noticia», porque «coincide con una nueva etapa en el municipio y donde pretendo imprimirle mi sello en los días de gestión que pueda trabajar, porque mis pilares serán los mismos que he demostrado en el concejo: transparencia, eficacia y optimizar los recursos. Hemos pedido una auditoria financiera para determinar cuál es el estado real de municipio, y esta querella viene a mostrar el camino de lo que haremos con cada antecedente que encontremos y sea constitutivo de delito. No es posible que el amiguismo conduzca al descontrol. No es posible que por razones de amistad no se fiscalice. La fiscalización debe ser un ejercicio permanente, porque cuando las cosas funcionan bien, la municipalidad debería operar en beneficio de la ciudad y no solo de unos pocos. Es lo que me propuse como concejal, y es lo que pretendo seguir haciendo como alcalde», concluyó el edil.

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