Arriesgan 10 años de cárcel por caso Citelum: querella contra ex Alcalde Patricio Freire y su círculo de hierro

Al escándalo político y judicial que se ha vivido durante los últimos meses en diversos municipios del país con el caso luminarias led y la empresa Itelecom, se suma ahora el caso de la comuna de San Felipe.

Los abogados, Felipe González y Milena Sánchez, del Municipio de esa comuna, interpusieron una querella criminal por los delitos de “Soborno; Cohecho; Tráfico de Influencias; Negociación Incompatible; Fraude al Fisco y Exacciones Ilegales; ilícitos previstos y sancionados en los Artículos 239, 240 y 240 bis, 248, 248 bis, 250 y 251 quinquies del Código Penal”.

En el libelo acusatorio se involucra a la empresa Citelum S.A. con el suspendido alcalde Patricio Freire Canto; su administrador municipal, Patricio González Núñez; su jefe de Planificación, Claudio Paredes Cárdenas; a los abogados municipales, Mauricio Mass Santibáñez y Jorge Jara Catalán; y a los gerentes de operaciones zonal y nacional de la empresa Citelum S.A. Cristian Salinas M. y Nelson González Ibacache.

Entre otros hechos, la querella relata que el alcalde de la ciudad habría recibido un total de 40 kits de luminarias de regalo por parte de la empresa, para ser dispuestas libremente por éste, en época de campaña electoral y en pleno proceso licitatorio donde participaba la referida empresa, situación que fue observada por la Contraloría Regional de Valparaíso (Ver nota anterior) , señalando en su Informe 321/2017 de fecha 5 de Junio de 2017 que, “…Por otra parte, esa entidad edilicia aceptó la donación de 20 luminarias de parte de aquella (la empresa Citeluz, actual Citelum S.A.), situación que pudo haber afectado la imparcialidad en las decisiones que tomó el municipio en relación con la aludida sociedad y, por ende, el principio de probidad consagrado en la ley 18.575”.

En el fondo de la acusación se describe una especie de “acción delictiva” que perjudicó los intereses fiscales toda vez que se contrató un servicio de recambio de luminarias que se cobró al municipio, pero que en la práctica se ejecutó con dineros provenientes del Gobierno Regional, siendo el administrador municipal quien tuvo la labor de dar por ejecutadas las obras, en circunstancias que eso nunca ocurrió.

Estos son los sueldos del mes de marzo, publicados por la página de transparencia municipal de San Felipe.
Cuatro de los asesores de mayor confianza del ex Alcalde Patricio Freire, fueron querellados junto con él, por diversos delitos relativos al contrato de luminarias.

Para completar el fraude, y a pesar de la ilegalidad advertida por Contraloría, los involucrados suscribieron a nombre de la municipalidad de San Felipe un contrato de transacción, por la cual la Municipalidad reconoce adeudar a Citelum la suma de $1.532.708.816.- la que sería cancelada en 72 cuotas mensuales y sucesivas, cuyo primer pago se efectuará al mes siguiente de la celebración del referido contrato de transacción”, de tal modo que, al producirse la destitución del ex Alcalde Patricio  Freire y asumir en su reemplazo el Dr. Christian Beals Campos, observa que de ese contrato, declarado ilegal por el organismo Contralor, ya se han pagado “al mes de abril de 2020, la suma total de $ $ 425.752.440.- en perjuicio del patrimonio municipal.”

Finalmente la acusación concluye con el relato de los hechos en los siguientes términos: “Prosiguiendo con su actuar fraudulento, los querellados Freire, Jara, González Núñez, y Mass, hicieron caso omiso a la orden efectuada por Contraloría con fecha 28 de abril de 2020, de iniciar un procedimiento de invalidación del Decreto Alcaldicio que promulgó el acuerdo ilegal del Concejo Municipal, consumando plenamente el delito de exacciones ilegales tipificado en el Código Penal”.

Cabe recordar que el ex Alcalde Patricio Freire se encuentra suspendido de su cargo y pesa sobre él una prohibición absoluta de ejercer cargos públicos por el período de 5 años, y se encuentra a la espera de que quede a firme la resolución que le rebajó dicha pena a la de suspensión del ejercicio de su cargo por 3 meses.

De ser acogida esta querella, y de encontrarse culpables de los delitos que se le imputan, los querellado arriesgan una pena que podría superar los 10 años de cárcel.

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